Extracto de la ponencia de Claudio Henríquez, delegado del CepUach ante el Consejo Académico, en la inauguración del año académico 2012.

El Consejo de Estudiantes de Posgrado de la Universidad Austral nace en 2008 con el objetivo de constituirse en la voz organizada y democrática de los alumnos de Magíster y Doctorado de la institución, tanto en la promoción de mejores condiciones para el desarrollo de nuestras investigaciones, como participando en los debates atingentes a la formación de posgrado y el desarrollo de la investigación en nuestro país. Por lo tanto, nuestro accionar está directamente vinculado con la institucionalidad educativa y, específicamente, las políticas desarrolladas por CONICYT.

En la Universidad Austral de Chile la representación de los estudiantes graduados está  reconocida en los estatutos de la Corporación y se expresa a través de un miembro permanente en el Consejo Académico. A su vez, hemos formado vínculos con nuestro par de la Universidad de Concepción, alianza que esperamos ampliar en el futuro. Sin embargo, a pesar de reiteradas convocatorias a asambleas democráticas, nuestra base es muy reducida y consideramos que ello responde a un cierto desconocimiento de las problemáticas que nos afectan y de los enormes desafíos del país en materia de investigación, muchos de los cuales derivan de políticas insuficientes del estado. El objetivo de haber organizado esta actividad es dialogar precisamente en relación a tales temas.

Ser estudiante de posgrado hoy en Chile

Existe la creencia de que los estudiantes de posgrado viven holgadamente a expensas del estado y que las becas son un privilegio que implicará necesariamente estabilidad laboral futura y buenas rentas.
Cabe preguntarse al respecto quiénes somos  los estudiantes  de posgrado. La respuesta no es simple porque no existe información acabada de nuestro perfil social.  Diremos al menos que somos profesionales que, por nuestras edades, presumiblemente ya hemos conformado una familia o al menos somos autónomos económicamente y que posponemos entre dos a cuatro años nuestros desempeños laborales de tiempo completo para continuar nuestros estudios, mediante investigaciones que deben demostrar, para ser acreditadas por las universidades y por el estado, su contribución al desarrollo del conocimiento y, eventualmente, en el desarrollo del país.
De esta manera, al ser profesionales que producimos conocimientos socialmente relevantes, somos trabajadores, pero nuestra definición institucional es “estudiante”: entonces, cuando se sostiene que la resolución de entrega de becas estatales debiese  ocurrir a más tardar en enero de cada año, ello responde a que, considerando la calidad  de trabajadores que muchos de nosotros poseíamos antes de asumir el desafío de estudiar, que las listas sean publicadas en abril produce incertidumbre laboral; cuando se menciona que sus montos no han sido reajustados hace al menos cuatro años, esto alude a que la mayoría de nosotros  asume  disminuir sus ingresos mientras estudia y, al mismo tiempo, tiene responsabilidades familiares o personales que cumplir. Finalmente, nuestra dualidad de estudiantes-trabajadores se expresa en que no fuimos considerados en la reciente ampliación del posnatal, ni en la alternativa de que el padre asuma parte del tiempo asignado. En definitiva, nos preguntamos si los actuales beneficios otorgados por el estado efectivamente permiten que un profesional posponga en forma digna su ejercicio laboral mientras se posgradúa, pero, lo que es más significativo, cuál es el impacto de las actuales condiciones en su familia y en su  vida.

Conocer el perfil de los estudiante de posgrado es entonces una necesidad imperiosa. Con este objetivo, hemos concordado con nuestros pares de la Universidad de Concepción la realización de un censo durante 2012, actividad que nos permitirá contar con información necesaria para proponer cambios en las políticas de CONICYT, además de conocer las problemáticas de quienes estudian con otros sistemas de becas y de quienes financian personalmente sus estudios. Del mismo modo, serán datos que aportarán una mirada regional al problema, distinta que la vivida por nuestros compañeros de  Santiago.

Además, a través de este estudio podremos observar las tendencias temáticas de nuestras investigaciones y el impacto social que cada investigador le asigna a su trabajo. Este punto es crucial, toda vez que la principal justificación de que el estado asuma un rol en la formación de investigadores es precisamente el rol social de esta, su necesidad para el desarrollo del país. Y es por esta función de la investigación que sostenemos, más allá de nuestras legítimas demandas sectoriales, la necesidad de iniciar un diálogo permanente con los demás estamentos universitarios, que propenda a definir discursos comunes en torno al acuciante problema del financiamiento universitario, en sus relaciones directas con el futuro de las universidades complejas.

El sistema de autofinanciamiento universitario produce dependencia económica de las instituciones ante las condiciones del mercado, sobre determinando la oferta . Es claramente  un sistema en crisis y, en ese sentido, hacemos propia la crítica realizada por nuestra Universidad en su documento “TRATO JUSTO A LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Y LAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, donde se expone cómo este mantiene a un número importante de instituciones en serias dificultades financieras, que en algunos casos las han llevado a un endeudamiento insostenible y, como consecuencia de ello, a la venta de pasivos. Solo cuando el financiamiento basal -por ende, no sometido a las variaciones de matrícula- permita sostener los proyectos institucionales, estos podrán responder efectivamente a las necesidades de la sociedad.

Participación a nivel nacional e interacción con la institucionalidad

Es en el marco de los debates nacionales que estas temáticas han concitado, que representantes del Consejo de Estudiantes de Posgrado de nuestra universidad asistieron durante el mes de Agosto de 2011 a la Sede del ex Congreso Nacional, para participar en la jornada “Hacia una Institucionalidad Pública para el Desarrollo de las Ciencias en Chile”, actividad co-organizada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y el movimiento ciudadano “Más Ciencia para Chile”; cita en la cual nos reunimos estudiantes, científicos, economistas, profesores, políticos, periodistas y expertos en diversas áreas, para reflexionar sobre la institucionalidad, desarrollo, financiamiento y difusión de la ciencia en Chile, bajo un ambiente marcado por el disenso, posiciones ideológicas marcadamente divergentes y falta de participación de actores sociales relevantes. Sin embargo, constituyó un valorable primer paso de contacto entre mundos que han permanecido distanciados. Por una parte, el mundo político, con un desconocimiento absoluto de lo que significa el desarrollo de la ciencia y las humanidades y su impacto en el desarrollo de los países, y por otro, científicos y académicos que salvo contadas excepciones, han fallado en hacer visible no solo ese impacto, sino las problemáticas propias de su mundo.

La ausencia de una política seria por parte del Estado en relación al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y las Humanidades ha marcado la relación entre los investigadores y el mundo político, radicando este último todos sus esfuerzos en alcanzar los índices de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin importar el impacto de las políticas implementadas para lograr tal fin. Los indicadores dicen que Chile debe aumentar el bajísimo porcentaje del PIB que invierte en Ciencia y Tecnología (0,4%), por lo cual los sucesivos gobiernos han planteado como meta duplicarlo de aquí al año 2014 e incrementar el número de investigadores (actualmente unos 4.000), razón que explica no solo el aumento sostenido de becas nacionales sino que la implementación del plan Becas Chile para estudios en Universidades destacadas a nivel mundial y cuyo resultado comenzará a verse pronto ¿Qué ocurrirá con la inserción de todos estos nuevos investigadores? Esta pregunta sigue sin tener una respuesta satisfactoria. ¿Es pertinente invertir ingentes cantidades de recursos fiscales en enviar personas a prepararse en el extranjero, en lugar de acentuar el fortalecimiento de las instituciones nacionales y sus respectivos programas de Magíster y Doctorado? ¿No es acaso esta última una forma de disminuir nuestra dependencia y fortalecer el desarrollo de ciencia orientada a nichos particulares que el país necesita? Nada de ello supone cuestionar las becas en el extranjero, solo preguntarse por los énfasis necesarios.

CONICYT sostiene que la inserción de los posgraduados debe realizarse según  cuatro mecanismos, pero estos son claramente insuficientes bajo las condiciones actuales. Primero, a través de las universidades, sin duda el medio de mayor demanda, pero que se caracteriza hasta ahora por concentrar la investigación en un número reducido de instituciones; segundo, a través de centros de investigación privados y centros regionales, pero el alcance de estos es todavía muy limitado; tercero, la inserción en la empresa que, por definición, excluye amplias áreas del conocimiento (Humanidades y en menor medida, las Ciencias Sociales) y, además, implica un marco ideológico para los enfoques críticos y un límite para las innovaciones que no puedan demostrar su rentabilidad directa; por último, el emprendimiento, que siendo  válido como alternativa individual, no puede ser planteado como mecanismo de inserción desarrollado por el estado.